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Durante la etapa de confinamiento, sobretodo durante los debates correspondientes a las sucesivas prórrogas del estado de alarma, se oyeron numerosas voces (o se leyeron opiniones) criticando la centralización de la toma de decisiones, en especial las referidas a la salud pública. Se exageró la crítica hasta extremos absurdos, llegando a acuñar expresiones tan contradictorias en sus propios términos como el de “dictadura constitucional”. Se venía a decir que el Gobierno “aprovechaba” la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia para arrogarse competencias que correspondían a las Comunidades Autónomas, insinuando que estas gestionarían mejor la coyuntura. Estas críticas podrían ser aceptables desde el prisma de defender mayor autogobierno y al mismo tiempo coordinación en las políticas, frente a tendencias centralizadoras, pero no iban por ahí los tiros, al menos en buena parte, desde la oposición se utilizaba esta crítica cómo parte de una estrategia de desgaste del gobierno, llegando a poner en duda la legitimidad del mismo a la hora de marcar directrices sobre las competencias que de ordinario corresponden a las Comunidades Autónomas.

Sorprendentemente, meses después, cuando los gobiernos autonómicos gestionan las políticas frente a la expansión del coronavirus y aquellas para paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia, las voces que se oyen (las mismas en algunos casos) reclaman ahora el “mando único”, que significaría volver a la centralización de la toma de decisiones.

En esta nueva etapa se puede caer en la tentación de pensar que ha fracasado el modelo territorial de que nos hemos dotado, el estado de las autonomías, especialmente por parte de sectores muy ideologizados, siempre predispuestos a debilitar la confianza en nuestra democracia descentralizada, abogando por un “regreso” a un modelo centralizado que suponen mejor, sin ninguna base real.

¿Falla, realmente, el modelo territorial autonómico? Cabe echar un vistazo a lo sucedido en otros modelos de gestión netamente federal para comprobar que la gestión descentralizada no sólo funciona sino que incluso obtiene mejores resultados. Sin duda el mejor modelo a analizar es el de la República Federal de Alemania, un país con una tradición democrática que rehuye de las declaraciones de estado de emergencia, una prevención surgida en la posguerra mundial, aún recordando el peligro de los poderes excepcionales atribuidos al ejecutivo, poniendo en todo caso dos importantes contrapesos a esos poderes en base a la supremacía del Parlamento y a la propia estructura federal de la República. Aún así los estados de excepción internos de la República Federal de Alemania son limitados, y en el caso de la pandemia provocada por el coronavirus han sido los “Länder” (el equivalente de nuestras Comunidades Autónomas, salvando las distancias) quienes han tomado la mayoría de medidas de emergencia, en base a la legislación ordinaria y a sus competencias. El Gobierno federal, en general, se ha limitado a impulsar las medidas de carácter económico y a ejercer un papel coordinador, el último ejemplo lo tenemos a finales de agosto cuando los Länder han acordado con el gobierno federal sanciones para quienes incumplan la obligación de llevar mascarilla, exceptuando Sajonia-Anhalt, un caso que nos muestra como funciona el federalismo alemán. En general se ha considerado que la gestión hecha por Alemania de la pandemia ha sido más eficiente que en otros estados de nuestro entorno.

Otro modelo federal, referencia histórica para cualquier análisis de esta fórmula territorial, es el norteamericano, en este caso los analistas coinciden en que el Gobierno federal, con el Presidente como líder del poder ejecutivo, podría haber centralizado la gestión, como se hizo en su momento con el 11-S, en cambio la Administración Trump parece haber preferido generar conflicto entre los diferentes actores políticos, con respuestas muy diferentes de un territorio a otro, incluso con contestación social, renunciando incluso al papel de coordinador de políticas y medidas entre los Estados. En este caso veríamos como los intereses políticos, o partidistas, las presiones de determinados grupos, han hecho que en Estados Unidos la gestión de la pandemia haya variado enormemente de un Estado a otro, siempre teniendo en cuenta que han adolecido de un instrumento fundamental para hacer frente a una emergencia sanitaria como es la práctica inexistencia de un servicio de sanidad pública.

De los dos ejemplos mencionados, y teniendo en cuenta su representatividad, cabría deducir que lo que falla no es el modelo territorial existente sino la aplicación que se hace de él. El modelo en si tiene virtudes, y en este caso son importantes: la microgestión, la gestión cercana a la ciudadanía, favorece que cada territorio pueda abordar la situación con medidas adecuadas a su casuística.

¿Falla, realmente, el modelo territorial autonómico? Cabe echar un vistazo a lo sucedido en otros modelos de gestión netamente federal para comprobar que la gestión descentralizada no sólo funciona sino que incluso obtiene mejores resultados.

No falla el modelo, pues, pero puede fallar la gestión que se haga de él y pueden fallar los gestores, sin querer entrar en la competencia o incompetencia de éstos, hemos visto como cada Comunidad Autónoma ha hecho frente a la emergencia sanitaria en base a distintos condicionantes como pueden ser los medios y la preparación de los servicios públicos, la propia geografía, las relaciones con otros territorios, la economía… y, por supuesto, el color político o la ideología de los responsables de la gestión, que por supuesto influye en las decisiones que se toman.

Pueden fallar los mecanismos de coordinación entre territorios y entre el Gobierno del estado y los territorios, o tal vez lo que falla es la falta de hábito de coordinar políticas. También fallan los medios, la financiación de las diferentes Comunidades Autónomas, un elemento que el Gobierno del estado, actuando como un gobierno federal, debe corregir para garantizar la igualdad en las medidas adoptadas en cada territorio. No es el Gobierno quien tiene que decidir en un momento dado si opta por unificar la toma de decisiones o dejar mayor margen a las Comunidades Autónomas, debería ser el propio modelo de gestión territorial el que tendría que estar pensado y habituado a responder con políticas coordinadas, aceptando la colaboración del gobierno central y su liderazgo a la hora de pactar políticas similares en todo el territorio del estado, con el objetivo de garantizar la igualdad de respuesta en todas las Comunidades Autónomas, lo que también significa facilitar que los medios con que cuenten las administraciones autómicas sean suficientes y, en todo caso, optar por poner a su disposición los que hagan falta. Creo que de esto último se trata cuando se ponen rastreadores del Ejército a disposición de las Comunidades Autónomas, o cuando se habilita un fondo especial para financiar la respuesta a la crisis. Posiblemente en vez de medidas excepcionales, en vez de que fuera excepcional que se reunieran con regularidad los presidentes de las Comunidades Autónomas con el presidente del Gobierno, los ministros con sus consejeros equivalentes, etc… debería ser el hábito, la fórmula, ese federalismo cooperativo que a veces tomamos como referencia (en su versión de autonomismo cooperativo) tanto en el campo de las relaciones intergubernamentales como en el de los medios, entre ellos la financiación autonómica, aunque éste ya es otro debate.

Tenemos un correcto sistema de distribución competencias entre territorios adaptado a la realidad de nuestro país y construido en base a la negociación política durante prácticamente cuarenta años y, además, durante esta crisis se ha demostrado que se pueden activar los mecanismos de coordinación sin necesidad de recurrir a una recentralización que no hará más que alejar la gestión de la ciudadanía, ahora cabe esperar que de esta experiencia la administración mejore los servicios que garantizan los derechos de la ciudadanía y sea, siempre, capaz de hacer frente a situaciones excepcionales como la actual desde la lealtad y mirando por el interés general.

Cosme Bonet. Senador Socialista por Mallorca