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La recesión que viene

La economía cae en barrena. Los efectos económicos del coronavirus son letales, en el momento de escribir estas líneas. Las cifras agregadas son de impresión. Los datos de la zona euro, los más recientes disponibles, señalan una caída de la actividad empresarial con un PMI del 38,8. El PMI, o Purchasing Markets Index, es un indicador macroeconómico que se sintetiza sobre encuestas mes a mes a gestores de compras de las empresas más importantes de cada país, de forma que si el indicador está por encima de 50 delata una expansión económica y por debajo de 50 y, sobre todo, de 40, anticipa una recesión. Los indicadores correspondientes a nuevos pedidos de operaciones tienen idéntico perfil. Los de empleo se aguantan mejor, en relación a la Gran Recesión; pero la tendencia es a una clara caída. Goldman Sachs, por su parte, ha anunciado un desplome del PIB en 2020 del orden del 9,7%. Para España, ese dato se cifra en un –7,5% al cerrar el año, frente a una previsión pre-virus que era de crecimiento positivo algo superior al 1%. Es decir, un derrumbamiento de casi nueve puntos. Para Balears, el Consell Econòmic i Social está trabajando para evaluar, en un trabajo de urgencia y a partir de un enorme esfuerzo que se dará a conocer en breve, el impacto del coronavirus en nuestra economía. Las cifras que vamos conociendo son preocupantes. Debe cerrarse el estudio definitivamente para disponer de magnitudes solventes, que sin duda marcarán la tendencia en la que nos encontramos. Estamos, pues, ante la crisis más importante desde la Gran Depresión, de forma que está superando todo lo que ya sabíamos –y dijimos– de la Gran Recesión. Las causas no han sido, de forma directa, desajustes macroeconómicos –a pesar de que siempre hay profetas que, como en la Gran Recesión, nos están diciendo que ellos lo veían venir–, sino la irrupción de un ente biológico. Éste ha subrayado, de forma tremenda, la vulnerabilidad en la que estamos. Nos coloca ante nuestros propios límites y ante la propia ética de nuestros comportamientos económicos, ecológicos y sociales. 

Goldman Sachs ha anunciado un desplome del PIB en 2020 del orden del 9,7%. Para España, ese dato se cifra en un –7,5% al cerrar el año.

La pregunta que se nos formula a los economistas es, a partir de aquí, cómo salir del atolladero. La respuesta puede suponerse que no es sencilla. Pero sí que sabemos cuáles recetas han funcionado en otros momentos y cuáles se han revelado inocuas. No funcionaron ni funcionarán aquellas medidas que invoquen la austeridad, la rigidez presupuestaria, la contención monetaria. Los números son demoledores en este punto, y darán para otro comentario. Creo que esto lo han entendido muy bien, a pesar que no todo el mundo, en la Unión Europea. Ahora, las respuestas han sido la de abrir los grifos del crédito y de la liquidez, y el anuncio de programas gubernamentales de inyección monetaria, directa e indirecta, de gran potencia. Es lo que han hecho los ejecutivos de Alemania, Francia y España que, en su conjunto, movilizarán más de un billón de euros. Todo esto, con el apoyo del Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. La laxitud en la extensión de los créditos a familias y empresas será un factor importante de dinamismo. La salvaguarda de puestos de trabajo ha de constituir el objetivo central, toda vez que eso preserva la demanda de las familias, su capacidad de consumo, de reproducción, de avance. Una fuerte garantía económica. Pero las medidas anunciadas deben llegar con celeridad a la población. Las caídas actuales, que antes hemos enunciado, pueden consolidarse si la porosidad de las acciones públicas no entran en los tejidos sociales y económicos. Créditos blandos, flexibilidades monetarias, programas agresivos de inversión pública garantizada (hacia nuevas tecnologías aplicadas a todas las esferas productivas, mejora de infraestructuras, energías renovables, cuidados hacia la gente mayor y la población infantil, biotecnología, robótica), acción contundente del BCE en la compra de deudas públicas, coordinación de la Unión Europea para evitar especulaciones y, sobre todo, garantizar que el flujo monetario llegue a quien debe llegar. Así se salió de la crisis de los años treinta.

No funcionaron ni funcionarán aquellas medidas que invoquen la austeridad, la rigidez presupuestaria y la contención monetaria.

Es decir, los preceptos económicos de siempre van a servir de poco, y si se pretende volver a ellos la historia económica demostrará una vez más el error. Ante la ortodoxia más acendrada:

  • Urge mutualizar deudas, habida cuenta que éstas van a aumentar mucho si se aplican los planes descritos antes. Y esto tiene un nombre que algunos en Europa rehúyen: Eurobonos. Algunos economistas, ya con la Gran Recesión, hablábamos de esto –y nos tildaron de ilusorios–: las deudas van a ser muy difíciles de pagar, y su incremento, si no se adoptan mecanismos de mutualización, va a resultar una rémora más para los países que tienen más deuda pública sobre PIB. 
  • Resulta determinante superar las rigideces en las exigencias europeas de control de los déficits públicos, un aspecto que muchos economistas de corte liberal empiezan también a ver, cuando hace muy poco tiempo esto era un anatema, un precepto teológico intocable. La reducción de los déficits ya llegará, cuando la economía se recupere. Si aplicamos sangrías al enfermo, se nos irá de las manos; lo que necesita es lo contrario: ¡transfusiones generosas!
  • Debe preservarse al máximo el Estado del Bienestar, que se está revelando como crucial en esta fase de la crisis y, particularmente, el sistema sanitario. El coronavirus está poniendo en jaque las políticas públicas en el ámbito social y, particularmente, en el de la salud. Se impone aprender esta lección cuando todo pase, y no utilizar los recursos sanitarios como moneda de cambio presupuestaria, siendo consciente que en etapas de contracción, como durante la Gran Recesión, gobiernos distintos han actuado de forma dispar en relación a esto. Los casos de Madrid y Catalunya son ilustrativos de desmantelamientos relevantes del tejido sanitario público; en otras regiones, como en Balears entre 2007 y 2011, se actuó con constricciones presupuestarias –en un escenario de caídas galopantes de ingresos tributarios– sin llegar a fases de desguace parcial del sistema, situación que varió a partir de 2011 cuando el nuevo govern conservador pretendió cerrar dos hospitales públicos, reducir centros de salud y despidió más de 1.500 trabajadores y trabajadoras del sistema público.
  • La apertura de discusiones sobre la posibilidad de establecer una renta mínima va ganando adeptos, toda vez que se es consciente que lo que necesita la población son medidas muy inmediatas que aporten liquidez a las familias, a la espera de que cuajen definitivamente las transferencias por otros capítulos, derivadas de lo que se comentaba más arriba.
  • La prohibición de despidos, si se afirma que la crisis es temporal y no estructural. Los ERTES no deben traducirse en ERES de forma automática, induciendo a mayores productividades laborales por mayor explotación. Los ERTES deben ser garantes de que estamos en una situación transitoria, que se puede y debe corregir cuando el virus sea dominado.

Si las medidas que se han divulgado se hacen efectivas y si la gente es responsable y cumple con las directrices que están dando las autoridades sanitarias, esta crisis será puntual.

En definitiva, si las medidas que se han divulgado se hacen efectivas y si la gente es responsable y cumple con las directrices que están dando las autoridades sanitarias, esta crisis, que ahora supone una pérdida del PIB descomunal, con grave trascendencia en el mercado laboral si no se pone remedio, será puntual. En estos casos, los rebotes suelen producirse. La situación actual recuerda la vivida en 1987, cuando se generaron caídas económicas importantes –con traslación a los mercados bursátiles– que dieron paso a una fase de nuevo crecimiento. Podríamos estar en este escenario, y no en el de la Gran Recesión. Pero todo va a depender de que exista una impregnación notable de la transfusión de dinero hacia empresas y familias, mayores flexibilidades en las reglas rígidas de la economía más convencional. Y, sobre todo, que la población sea consciente que, como demuestra la historia, lo que bloquea las infecciones y los virus es el confinamiento, el distanciamiento de la población incluyendo a las personas que más queremos. Todo para que podamos abrazarlas después en un nuevo marco que, esperemos, sea consecuencia de la operatividad de las medidas económicas.

Carles Manera Erbina es presidente del Consejo Económica y Social (CES) de les Illes Balears y catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears (UIB)

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Mobilitat i individualisme: per unes ciutats més humanes

Que vivim una situació d’emergència climàtica global, és evident. Que aquesta circumstància la podem constatar diàriament en el nostre poble o ciutat és també més que palès: estius més llargs, temperatures anormalment càlides a l’hivern, fenòmens atmosfèrics violents reiteratius… També és evident que els que necessiten moure’s per arribar a la feina, lloc d’estudi, oci, atenció a familiars, etc. es troben diàriament amb serioses dificultats perquè viuen en unes illes que, en gran part del seu territori, pateixen una situació que sembla haver arribat ja a límits més que qüestionables per l’elevat nombre de cotxes respecte dels habitants. Aquesta càrrega implica un doble cercle viciós: a més cotxes, més contaminació; a més cotxes, més dificultats per implementar alternatives de transport públic i mitjans no motoritzats. I la ciutadania reclama solucions immediates.

Som hereus d’una mala planificació fonamentada en una intencionalitat clara de no invertir en modes de mobilitat sostenible

Som hereus d’una mala planificació fonamentada en una intencionalitat clara de no invertir en modes de mobilitat sostenible. Això ocorre cada cop que ha governat la dreta a les nostres Illes, i no han estat poques les ocasions, però també cada vegada que des del govern central, igualment en mans dels conservadors, s’han rebutjat les inversions que la nostra terra necessitava. Ens trobam amb un menyspreu gairebé organitzat que ens ha forçat a seguir navegant, a tota màquina, vers l’escenari que ara patim (tot i declarat exhaurit pels experts en mobilitat i medi ambient, ja en els anys vuitanta, relativament poc després del boom del cotxe).

Davant aquest escenari, cal demanar-se quin paper hi juga la socialdemocràcia per intentar mitigar o revertir aquesta tendència assumint que cal un enfocament centrat en la igualtat, la llibertat i la solidaritat al qual hi hem afegit un nou principi bàsic del socialisme democràtic: la sostenibilitat ambiental com a garantia imprescindible d’un progrés segur i just. Davant la pregunta, la resposta és clara: el socialisme a les nostres illes, com a força progressista majoritària, té la responsabilitat de capitanejar el canvi perquè, a més, hem demostrat sobradament la capacitat per engegar transformacions importants a tots els àmbits de l’administració. La mobilitat no ha estat ni serà l’excepció.

Altres països europeus ens precedeixen en l’aplicació de mesures valentes a ciutats i àrees metropolitanes (qui no coneix els exemples de Copenhaguen o Amsterdam?). Però altres fites, més recents, ens recorden que al voltant de la construcció ideològica socialdemòcrata, complementada amb aquesta visió de sostenibilitat medi ambiental, és possible articular polítiques que contrarestin el canvi climàtic i posin les infraestructures de la mobilitat al servei d’aquest objectiu que, en definitiva, són les persones. Una mostra d’això, el paquet de mesures pactades fa relativament poc pel govern d’Angela Merkel (conservadors) amb els socialdemòcrates i que suposarà una inversió mínima de cinquanta-quatre mil milions d’euros, moltes d’elles centrades en la millora de les xarxes de transport públic a Alemanya.

És fonamental, doncs, el consens de les forces polítiques que empenyin mesures valentes des de les administracions i que comptin, necessàriament, amb el concurs de la societat civil en la seva aplicació. En el context més immediat, els darrers anys hem vist com gràcies a governs encapçalats o participats per socialistes en els nivells autonòmic, insulars i locals, s’han impulsat nombroses mesures per començar a revertir aquesta tendència descrita i situar-nos en una altra alçada de l’estadística que, fins ara, ens treu els colors si ens comparam amb molts de territoris d’Europa o de la resta del món. Però és cert que això no és suficient i que cal seguir avançant, incrementant no només els esforços en inversió, també l’ambició i l’abast dels projectes a desenvolupar.

Si a més tenim en compte que no sols és necessari destinar-hi recursos, també voluntat política, la qüestió esdevé prou seriosa per a seguir intentant treure’n rèdits electorals a curt termini aprofitant les resistències de sectors de la població no massa proclius a incorporar canvis d’hàbits en la seva diària. Perquè cal reconèixer que, en algunes ocasions i zones geogràfiques, ja sabem com costa aparcar el cotxe i agafar la bicicleta o el transport públic; de vegades, aquest gest tan senzill es converteix en un acte de fe o d’activisme. Però precisament per tot això hem de superar el joc partidista perquè tot el que s’ha avançat durant una legislatura, progressista, després no sigui retrocedit o desmantellat a la següent, conservadora. Si això torna a succeir serà una nova deslleialtat vers la ciutadania i una irresponsabilitat amb els recursos públics: les infraestructures i serveis en mobilitat sostenible impliquen notables esforços inversors i suposen, a més, vèncer moltíssimes dinàmiques consolidades.

D’entre el capítol de les resistències consider molt interessant analitzar, a tall d’exemple, les darreres intervencions que s’han produït a la ciutat de Palma i les que previsiblement s’escometran els propers mesos per part del seu govern municipal. Com a ja executada, ens trobam amb la reconversió de la plaça del Mercat en una zona en gran part destinada als vianants així com la restricció definitiva del trànsit general pel carrer de la Unió, un dels principals vials del centre històric. En aquest cas, malauradament, hem vist novament com la mobilització de la societat civil sols s’ha articulat en les veus en contra de la mesura, tot i que tímidament alguna altra entitat ha deixat sentir també la seva veu, bàsicament per criticar la pèrdua d’oportunitat d’haver estat més ambiciosos amb la reconversió de l’espai guanyat al cotxe. Amb tot, i si ens fixam en les veus que rebutgen l’essència de la mesura, ens trobam amb una tendència massa estesa la nostra ciutat però que, per desgràcia, no és patrimoni sols de Mallorca sinó que afecta gran part de ciutats d’arreu del món quan intenten actualitzar-se al segle XXI i posar el seu urbanisme al servei de les persones, no de les màquines.

Revivim l’eterna lluita dels que consideren que el vehicle privat, el cotxe i la moto, donen vida a la ciutat, ja que, sostenen, els permet arribar còmodament al lloc de destinació

Revivim l’eterna lluita dels que consideren que el vehicle privat, el cotxe i la moto, donen vida a la ciutat, ja que, sostenen, els permet arribar còmodament al lloc de destinació. Això, però, sabem perfectament que no és així: avui en dia, transitar i sobretot aparcar a la majoria de centres de les ciutats europees s’ha convertit en una missió gairebé impossible i veim que l’únic que genera en el que ho intenta és frustració, estrès i la seva contribució a l’increment dels índexs de contaminació fent així, a la resta de conciutadans, partícips de la seva voluntat però també dels efectes tòxics de l’instrument amb què la materialitza. D’aquesta evidència, en surt una altra i és que no hi ha forma més pràctica, còmoda i intel·ligent que recórrer els centre de Palma que a peu, en bicicleta o transport públic. Cert també és que pel que fa a aquesta darrera opció encara existeix molt marge de millora però, com deia al principi, només amb una inversió sostinguda en el temps aconseguirem que la seva qualitat millori cada vegada més.

Si tornam a la polèmica, observarem que les evidències demostren que si alguna amenaça tenen els centres històrics són precisament els cotxes i que la salvació ve sempre de la mà de mesures a favor del transport públic i dels mitjans no motoritzats. A què ve, doncs, aquesta oposició tan frontal encapçalada bàsicament per comerciants, alguns veïns i sobretot per la dreta política que aprofita la “revolta” dels procotxe per intentar pescar algun suport sempre en contra del govern de progrés? Crec que podem identificar, sense equivocar-nos massa, al responsable, malauradament massa abstracte per a poder-lo contrarestar amb estratègies senzilles: l’individualisme.

Aquest ha estat el que tradicionalment empeny a subscriure airades protestes contra l’enèsima peatonalització d’un espai a Palma tot calcant el mateix fenomen d’altres ocasions en el passat, tant en el nostre entorn com d’altres més llunyans. De res serveix invocar la reflexió, més que lògica, de recordar com serien els carrers de Sant Miquel, Oms, Blanquerna, inclòs el recentment reconvertits Velázquez, places del Banc de l’Oli i la Llotja o el Mirador de la Seu, si hi permetéssim novament la circulació de vehicles a motor. La majoria de la ciutat s’hi oposaria rotundament i segurament el govern municipal impulsor es veuria obligat a retrocedir (com ja va passar amb el carrer Blanquerna i l’intent frustrat del Partit Popular de tornar a omplir-lo de fum de cotxes).

La propera oportunitat per destriar l’individualisme en aquestes protestes contra el creixement de la xarxa per a vianants i ciclistes la tendrem, molt probablement, amb el nou eix cívic que es vol construir al carrer Nuredduna per tal de connectar barriades tan densament poblades com Pere Garau i Son Gotleu amb el centre de Ciutat. Aquesta intervenció suposarà una oportunitat increïble perquè ens permetrà donar una passa més per esdevenir en un lloc més igualitari, horitzontal i on els barris, interconnectats, facilitaran viure l’experiència de gaudir la ciutat en plenitud: ajudarà a trencar una mica més la separació psicològica, però també física, entre centre i perifèria. Tenc tota la confiança dipositada en què l’equip municipal de l’Ajuntament de Palma, a través de la feina interdepartamental i multidisciplinari d’Infraestructures, Mobilitat i Urbanisme, donarà els mateixos fruits que observam, amb enveja, a altres contrades. Constatarem, doncs, que la reforma urbana que assoleix l’excel·lència és aquella que coordina disciplines (urbanistes, arquitectes, enginyers de mobilitat, paisatgistes…) per aconseguir una millora no sols del paisatge urbà, sinó també de les condicions en què és gaudit per la ciutadania.

Novament, però, s’auguren resistències perquè el Mercat de Pere Garau suposa, encara ara, un pol generador de mobilitat motoritzada. Però també és més que evident, l’experiència de moltíssimes altres ciutats ho demostra, que la correcta gestió dels trànsits aconseguirà que el mercat de queviures no sols no es desbasteixi sinó que guanyi esplendor i usuaris atès que gaudirà d’una nova connexió, la de vianants, molt més forta i igualitària que la pensada exclusivament per als vehicles motoritzats, malauradament no disponibles per a una gran part de la població. Aquesta, normalment silenciada, és la que no participa de les protestes dels que volen perpetuar l’esquema urbanístic caduc dels anys seixanta i setanta fonamentat en un tot per al cotxe. El nou model, a més, no genera cap ineficiència, ans al contrari: és sols a partir de la sostenibilitat que s’ha de generar un desenvolupament econòmic equilibrat. Una fita allunyada del tradicional patró que ha marcat fins ara les estructures de producció, però que ens ha de conduir a un altre model de creixement que ens aporti prosperitat però que no es converteixi en una màquina d’autodestrucció del nostre territori i la nostra salut.

Dit tot això, hem d’esforçar-nos per no quedar-nos amb l’acupuntura urbanística, projectes aïllats que, si bé suposen de vegades fites importants per a l’opinió pública, no condueixen a un canvi real en el paradigma actual. Actuacions més notables, com les dutes a terme Madrid o Barcelona, amb la creació de zones de baixes emissions i apostes decidides per la mobilitat no motoritzada, com les “superilles” o les extenses xarxes de carril bici, són un exemple d’aquesta manera de gestionar la mobilitat en un sentit més transversal alhora que transformador. Fortament criticades, la vida d’aquestes mesures és la mateixa que ja començaren a experimentar altres ciutats europees anys abans (recordem la famosa “taxa de congestió”, pionera a Londres, i que finalment fou assimilada pel mateix partit conservador que la rebutjava inicialment, fins i tot estesa a altres àrees de la mateixa ciutat!). La realitat, malauradament, és massa tossuda, i els gestors de les ciutats i àrees metropolitanes no sols tenen la possibilitat d’actuar, tenen l’obligació de fer-ho en bé de la salut pública, no debades cada any augmenten exponencialment a Europa les morts per culpa, directa, de la contaminació atmosfèrica.

Necessitam que la ciutadania reivindiqui el que va anomenar el pensador i urbanista francès Henri Lefebvre com el “dret a la ciutat”, entès aquest com a una extensió dels drets de l’individu respecte de la seva interacció amb la col·lectivitat urbana

Dins aquest escenari és més que imprescindible que necessitam que la ciutadania reivindiqui el que va anomenar el pensador i urbanista francès Henri Lefebvre com el “dret a la ciutat”, entès aquest com a una extensió dels drets de l’individu respecte de la seva interacció amb la col·lectivitat urbana. Aquest dret a la ciutat no es cenyeix sols a gaudir d’uns serveis públics de qualitat i d’unes infraestructures òptimes, sinó que va més enllà i també afecta qüestions connectades en com ens relacionam a la ciutat i quines condicions ho afavoreixen per tal de desenvolupar-nos en plenitud de drets. Crec que tots coincidirem que els espais públics, les àgores presencials del segle XXI, degudament gestionades per a evitar que caiguin en mans de l’explotació que el capitalisme incontrolat en fa de vegades tot pervertint la seva concepció original (recordem les terrasses de bars i restaurants que colonitzen determinats indrets “alliberats” de cotxes), és un clar exemple de la seva materialització.

Abundant amb la idea de l’individualisme és clar que no tot recau en els esforços que ha de fer l’Administració per pal·liar la situació descrita al principi. Com esmenta l’urbanista Stephen Graham a “Ciutat postmortem, cap a una geopolítica urbana”, i a resoltes de la reflexió intel·ligent que fa Zigmunt Bauman sobre l’individualisme i la manera en què aquest impregna la nostra convivència, ens adverteix que els mateixos anunciants de cotxes han inoculat dins l’imaginari col·lectiu la idea de l’automòbil com a càpsula protectora respecte a l’entorn, la ciutat, percebuda com un ambient hostil, quan hauria de ser precisament tot el contrari. Dintre d’aquest nou terror, ens indueixen a conduir uns vehicles que consumeixen recursos sense límits però que ens donen una sensació de seguretat, reforçant també la que es genera artificialment a algunes barriades que, aïllades de la resta, acaben convertides en guetos per a uns pocs privilegiats.

Tot plegat provoca que a l’hora internar-se en la ciutat, aquests individus mantenguin aquesta desconfiança vers als altres conciutadans, alhora que una perpètua frustració perquè a les imatges que ens llancen els productors d’automòbils se sacralitza la velocitat (sempre per carrers solitaris) i se’ns aporta la falsa idea del poder i el prestigi social adquirit a partir d’una marca o l’altra, o determinades prestacions del cotxe, convertit aquest en una fictícia clovella protectora de ferro i disseny, en una nova projecció del “jo” més individualista i vanitós. Se’ns programa per defugir de l’experiència del contacte, de l’intercanvi, de les sensacions, per abocar-nos al món de la projecció personal del que tenim, en comptes del que som; del que som capaços d’aparentar, en comptes d’allò que som capaços de construir i compartir (junts).

Aquesta fragmentació o aïllament es consolida, a moltes ciutats, amb un urbanisme que ha estat més al servei de l’especulació i de les infraestructures utilitaristes que no pas al servei de la gent. El concepte d’humanitzar les ciutats encunyat per l’arquitecte i urbanista Jan Gehl, que en breu ens visitarà, no s’adapta a la majoria de nuclis urbans de les nostres illes, ja que si els observam críticament ens adonam de centres i perifèries mal connectades, barris monofuncionals i sovint amb massa dèficits d’equipaments que empitjoren la vida dels seus habitants tot imposant dificultats per gaudir d’un dret a la ciutat en plenitud, fins i tot a aquelles barriades aparentment més acomodades. La segregació, en qualsevol cas, no és bona i menys per a una estructura tan complexa com és una ciutat on els factors que hi intervenen són tan delicats i entrellaçats que, si s’aixequen murs (autopistes, passos a nivell, carrers d’alta densitat i velocitat de trànsit, voravies estretes i perilloses…) l’únic que fan és perpetuar aquesta situació.

Dins aquest desenvolupament del dret a la ciutat, ens trobam lògicament també el dret a la mobilitat i que ve a completar l’altra pota de l’equació per assolir una ciutat més sostenible: unes infraestructures pensades per assolir-ho. La qüestió, que no és nova, i beu més recentment, en termes teòrics, de la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III – Quito 2016) i, més concretament, en els Objectius de Desenvolupament Sostenible plasmats en l’Agenda 2030 per al desenvolupament Sostenible, document marc de l’estratègia mundial de les Nacions Unides. Són conclusions, com veim, a nivell global i que han de tenir, per força, una translació a la nostra realitat més immediata. De la feina feta, podem destacar no sols els plans d’ampliació i millora de la qualitat del servei de l’EMT de Palma i el creixement de la xarxa ciclista, a la mateixa ciutat. També la transformació que començarem a veure aviat en tot el transport públic per carretera amb una millora més que notable de freqüències i serveis, així com en l’aplicació de les mesures recollides en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears. D’entre elles, sens dubte, algunes de fonamentals per aconseguir un vertader canvi de paradigma com són la culminació de la integració tarifària i l’ampliació de la xarxa ferroviària amb les connexions amb l’aeroport, la Platja de Palma, Son Espases i el Parc Bit.

Tot elles comptaran, com és natural, amb les problemàtiques recurrents de la necessitat d’aconseguir un finançament just, qüestió que sembla més desbloquejada ara d’ençà que s’assolí l’acord de govern de coalició de Pedro Sánchez a Madrid. L’impuls vendrà, també, amb l’aprovació d’una nova llei de Mobilitat Sostenible que faci seus aquests paràmetres de canvi de model que es propugnen a escala global i que reenfoqui les prioritats en qui realment preocupa als socialistes: les persones. Aquesta norma ens dotarà de més i millors instruments normatius per desenvolupar aquestes premisses alhora que coordinarà els esforços per tal que les decisions en matèria de disseny de la mobilitat es prenguin de manera compartida per part dels actors administratius que intervenen en els territoris insulars i les àrees metropolitanes més especialment castigades per la saturació: la Vila d’Eivissa i Palma. Tot plegat amb la mirada posada en complementar l’abast d’una altra norma pionera a Europa: la llei de Canvi climàtic aprovada durant l’anterior legislatura.

“Obligau-nos a canviar d’hàbits”, és un dels lemes que més em va sobtar llegir a les manifestacions dels “Fridays for future” que es van desenvolupar arreu del planeta els passats mesos i que estaven participades majoritàriament per joves. Simptomàtica expressió que constata que els individus no som els únics implicats en el canvi. Ho són, contràriament al que se’ns exigeix per part del llenguatge neoliberal (es vol eximir de responsabilitat als poderosos i les grans corporacions), els estats, els governs de les ciutats i àrees metropolitanes, a més del teixit econòmic privat. Siguem valents i assumim els canvis conjuntament, com a societat. Transformem la mobilitat, la manera en què ens movem, la manera en què ens relacionam a les ciutats. Seguim fent història.

Joan Ferrer Ripoll és Secretari de Sostenibilitat del PSIB-PSOE i Diputat del Grup Socialista al Parlament de les Illes Balears

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Som a l’inici d’un nou cicle

El darrers dies de l’any 2019 s’han aclarit els niguls que existien sobre el govern progressista, en breu es donaran les passes institucionals necessàries, el debat i les votacions al Congrés dels Diputats, que permetran l’elecció de Pedro Sánchez com a President del Govern, d’un Govern que serà de coalició progressista, per primera vegada en la democràcia sorgida de la Constitució de 1978, i per primera vegada des dels temps de l’anterior període democràtic, és a dir, la II República.

Sens dubte el Govern progressista que es marca com a fulla de ruta el document “Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España” exemplifica com cap altra fita el canvi de cicle que ha significat aquest any 2019 per a la política espanyola

Sens dubte el Govern progressista que es marca com a fulla de ruta el document “Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España” exemplifica com cap altra fita el canvi de cicle que ha significat aquest any 2019 per a la política espanyola. Perquè canvi de cicle? En primer lloc caldria referir-nos als resultats electorals, després de les diverses eleccions produïdes dins aquest any 2019 una conclusió resulta clara: ha tornat una majoria progressista a les institucions, a les Corts Generals, als Ajuntaments i a les Comunitats Autònomes, les forces de l’esquerra sumen més escons, més regidors, més suports globalment que les dretes, després del cicle de victòries de la dreta, del Partit Popular iniciat el 2011.

Durant el cicle conservador protagonitzat pel Partit Popular de Mariano Rajoy el protagonisme a l’hora de prendre les decisions polítiques el va tenir sempre la crisi econòmica, la Gran Recessió, les fórmules “neoliberals” basades en la contenció de la despesa pública i la devaluació interna, l’exigència d’esforços a les classes mitjanes, el seu progressiu empobriment, la reducció o privatització de serveis públics… tot un paquet de mesures amb un fort component ideològic, de caràcter neoliberal en la part econòmica, però que també ha tengut una vessant de tipus més clarament conservador (prescindint del prefix “neo”) que s’ha pogut veure en altres mesures com la limitació de drets i llibertats, a la reforma laboral o amb la llei “mordassa”, les tendències (que no van arribar a cuallar del tot) a recentralitzar el sistema autonòmic espanyol, i la dura resposta, sols policial i judicial, a l’augment del suport social a l’independentisme català, traduït finalment en una ruptura entre els partits catalans independentistes i l’estat espanyol, rompent amb la tradició pactista i possibilista que tants d’anys havia caracteritzat a la política catalana i particularment en la seva relació amb l’estat.

En aquest cicle conservador, fruit de la crisi, de les polítiques equivocades i de la creixent desigualtat i decepció de la societat amb les institucions polítiques, el sistema polític creat a partir de 1978 ha trontollat, i dos fets en són la prova més clara: la caiguda en popularitat de la institució de l’estat més ben considerada pels espanyols des de la Transició, la figura del Rei Joan Carles, que acabà conduint a l’abdicació del 2014; i el canvi en el sistema de partits polítics, que entre 2015 i 2019  ha evolucionat de l’estable bipartidisme imperfecte imperant des de 1977 cap a un sistema multipartidista de molt complexa gestió, i que de moment ha donat peu a aquesta innovació que serà un govern de coalició. Faig un breu comentari obligat: innovació si reduïm la concepció de “sistema polític espanyol” a les institucions de l’estat central, perquè de governs de pacte, i de governs de coalició amb múltiples partits participant en ell, en tenim exemples a les Comunitats Autònomes i Ajuntaments des de 1979, a les Illes Balears podríem esmentar com a referents l’Ajuntament de Palma de 1979 o els successius governs de Gabriel Cañellas a partir de 1983, basats en pactes, i el 1987 amb participació de dos partits diferents.

Quan parlam de nou sistema de partits polítics no podem deixar de fer esment a l’ascens de la ultradreta, s’havia dit durant molts d’anys que el franquisme no havia desaparegut d’un dia per l’altra, la seva herència política persistia en diferents formes, en grupuscles feixistes de poca rellevància, al marge de la política o dins les institucions, més diluït o camuflat dins el gran partit de la dreta que ha estat el PP, però ara, amb la crisi institucional, el descrèdit de la política, el missatge del populisme de dretes, basat en moltes de les característiques que definien el feixisme per Umberto Eco (l’enemic exterior, el rebuig a la igualtat de les dones, la crida a una classe mitja que es sent empobrida, el menyspreu a la intel·lectualitat…). El més preocupant de la seva presència a les institucions ara serà la seva capacitat de marcar l’agenda política amb els seus temes demagògics, amb plantejaments polítics que no són conservadors sinó directament involucionistes, en matèria d’igualtat entre dones i homes, de drets de les persones o de lluita contra el canvi climàtic.

Els reptes van des de lluitar contra la desigualtat generada per la mala gestió de la crisi econòmica, per l’empobriment dels treballadors al temps que es retallaven serveis públics, fins a la resolució del conflicte social generat a Catalunya i que obliga a obrir el debat sobre el model territorial a Espanya

No deixarem de banda la corrupció, la xacra que per desgràcia ha marcat la gestió política de Mariano Rajoy durant el que he denominat el cicle conservador de 2011 a 2018, i que finalitza amb la moció de censura que va posar punt i final a aquesta etapa sense acabar d’obrir-ne una de nova, aquesta s’obre ara, després del 2019 de marató electoral, amb un govern de coalició que té per davant tots els reptes deixats durant el cicle conservador, principalment la seva darrera etapa.

Els reptes van des de lluitar contra la desigualtat generada per la mala gestió de la crisi econòmica, per l’empobriment dels treballadors al temps que es retallaven serveis públics, fins a la resolució del conflicte social generat a Catalunya i que obliga a obrir el debat sobre el model territorial a Espanya, no només com a resposta a la qüestió catalana sinó perquè s’ha demostrat que la fórmula “oberta” de la Constitució de 1978, una tímida manera d’obrir la porta a l’autogovern de regions i nacionalitats, quaranta anys després hauria de tenir ja una formulació definitiva, blindada pel text constitucional, per qui no ho consideri així que vegi com sorgeixen nous “localismes” o reviuen antics regionalismes, per molt que es vulgui evitar parlar de la qüestió territorial aquesta s’acabarà imposant a l’agenda política. Finalment, els temps actuals requereixen de governs que es comprometin amb la lluita contra el canvi climàtic, no es poden tenir actituds tèbies, i molt menys negacionistes, hem perdut molt de temps i estem enmig d’una batalla a nivell mundial entre països preocupats pel futur mediambiental del planeta i altres que estan disposat a destruir el poc aconseguit amb els diferents acords inspirats per Nacions Unides, en aquesta batalla el paper d’Espanya és important.

En aquestes “notes urgents” sobre el cicle que previsiblement s’obrirà en breu hem volgut deixar en unes pinzellades una visió global de l’etapa que ara comença, dels reptes que té al davant i que, sens dubte, venen marcats pels errors i els fracassos del cicle anterior, el conservador, que de moment sembla superat. Caldrà veure si la intel·ligència política de les esquerres permet que aquest cicle sigui llarg i permeti afrontar els fronts ara mateix oberts: la desigualtat, l’emergència climàtica, els nous drets socials, la qüestió territorial.

Cosme Bonet és Senador i Vicepresident de la Fundació Gabriel Alomar

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Mobilitat i canvi climàtic. Reflexions a partir de la COP25

mobilitat i canvi climàtic

El balanç de la COP25 ha deixat un regust agredolç. Com sovint passa en la qüestió de la lluita contra el canvi climàtic els avenços es produeixen amb dificultats, deixant la sensació que la complexa geopolítica mundial mesclada amb la mal entesa defensa dels interessos econòmics d’alguns estats clau –i més encara d’ençà de l’aparició de Trumps, Bolsonaros i derivats- actua massa sovint de fre a les demandes i aspiracions del conjunt de la societat, cada vegada més exigent davant les evidències que el clima està canviant, i que els efectes d’aquest canvi són cada vegada més perceptibles. La gent jove representada per Greta Thunberg, els moviments ecologistes als que cada vegada s’hi sumen més col·lectius com les comunitats indígenes, la comunitat científica i fins i tot sectors importants del món econòmic i empresarials demanen més acció. Ha estat, de fet, el lema de la COP25: cal actuar, i cal actuar ja.

No hi ha volta enrere en l’escalfament global; i s’aposta per tant per assumir una estratègia de “damage control”, de mitigació dels danys.

Els acords de París aprovats el 2016 estableixen un full de ruta per a evitar que l’escalfament global provocat pels gasos d’efecte hivernacle superi els +1,5ºC dins aquest segle partint dels nivells de l’era preindustrial, com a gran objectiu. S’assumeix, per tant, que no hi ha volta enrere en l’escalfament global; i s’aposta per tant per assumir una estratègia de “damage control”, de mitigació dels danys. A tal fi, els acords de París de 2016 inclouen l’aprovació, per part de les parts signants, de plans concrets de mitigació dels efectes del canvi, atenent també a la seva vessant social i redistributiva, com seria el fet de generar migracions climàtiques per mor de la sequera o la desertització provocada, o bé per la que pugui provocar l’increment progressiu del nivell de la mar.

I un dels àmbits on cal actuar de forma decidida és en l’àmbit de les polítiques de mobilitat. En termes generals, es calcula que el transport en el seu conjunt aporta, a escala mundial, al voltant del 26% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, inclòs el transport aeri i el marítim. En el cas de les Balears, segons el Pla Director de Mobilitat aprovat fa uns mesos, el transport terrestre -és a dir, sense tenir en compte transport aeri i marítim- suposava l’emissió d’1,5 tones/any de CO2, a més de molts altres gasos també amb incidències importants sobre la contaminació atmosfèrica, com l’òxid de sofre.

Es calcula que el transport en el seu conjunt aporta, a escala mundial, al voltant del 26% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

És evident, per tant, que les polítiques de mobilitat sostenible han d’esser un dels vectors clau d’un pla seriós de lluita contra el canvi climàtic, a més de reportar molts altres beneficis a mig i llarg termini. D’entrada, la feina la tenim en reduir de forma dràstica el pes del cotxe, dels vehicles privats, en el conjunt dels nostres desplaçaments quotidians. Segons l’enquesta de mobilitat realitzada el 2017, feim el 55% dels nostres desplaçaments en cotxe. Això és un excés: les regions més avançades del nostre entorn proper (com Euskadi) es troben en ràtios d’al voltant del 36%. És, per tant, possible baixar de forma clara aquest percentatge. I més si tenim en compte que molts d’aquests desplaçaments que feim en cotxe són fàcilment substituïbles per altres modes. Per exemple, el 69% dels desplaçaments que es fan en cotxe tenen com a origen i destinació el mateix municipi, cosa que indica que fàcilment els podriem fer a peu o en bicicleta. Per altra banda, resulta del tot necessari potenciar molt més el transport públic, perquè sigui una opció totalment vàlida per a la major part dels viatges diaris. I això passa sobretot per donar-li el paper que pertoca, i facilitar-ne el seu ús i implantació, donant-li preferència envers el transport privat tant en la política d’inversions com en la mateixa gestió de la xarxa viària. Per exemple establint carrils preferents per als busos, els famosos carrils BUS-VAO. I en paral·lel, dissenyant polítiques de dissuassió de l’ús del cotxe que acompanyin aquest desplegament del transport públic.

Treballar sota aquest prisma és també l’aposta del Pla Director de Mobilitat. Així, dels 20 punts percentuals que caldria rebaixar del transport privat per dur-lo a uns nivells més raonables, el mateix pla proposa fomentar l’ús del transport públic perquè passi del 8% al 13%; i a la vegada establir polítiques per augmentar els viatges a peu del 33% actual al 42%; així com implantar una infraestructura ciclista prou adequada com perquè la mobilitat en aquest mode avanci del 2% al 9%. Aquesta seria, definitivament, la recepta necessària. No només per a reduir l’impacte climàtic del transport, sino també per fer de les nostres ciutats i pobles entorns molt més amables i saludables per viure.

L’aposta és clara, la mateixa Unió Europea ha anunciat un gran acord davant l’emergència climàtica, el EU Green Deal, que serà la clau de volta de totes les polítiques comunitàries els propers anys. A les Balears, l’agenda 2030 serà també el referent com a estratègia a desplegar en matèria de sostenibilitat. La mobilitat, com veim, hi tendrà un paper clau. Siguem valents i apostem, d’una vegada, per un vertader canvi de model,

Jaume Mateu Lladó és Director General de Mobilitat i Transport Terrestre del GOIB

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Frente al discurso populista, socialdemocracia

Socialdemocracia

Hasta hace poco el tema principal de toda tertulia política giraba entorno a la pérdida de hegemonía del bipartidismo. Fenómeno que se ha ido produciendo de manera gradual en todas las democracias de nuestro entorno. Esta situación, junto con la consecuente aparición de nuevos actores en el panorama político, se convirtió en el objeto de debate. Con el tiempo la cuestión se fue concretando en diferentes vertientes. Ahora las tertulias abordan temas como el futuro incierto de los partidos convencionales, el auge de los discursos populistas, o la necesidad de adaptarse a una nueva política sin mayorías y de gobiernos de pactos. Estos son sólo una parte de aquellos temas que determinarán en los próximos años la existencia de muchos partidos políticos, tradicionales o nuevos, en un panorama cambiante. La política que conocíamos fundamentada en unos patrones establecidos durante años desaparece, y da paso a una política cuyo marco de desarrollo está aún por definir.

La tónica general de partidos mayoritarios que se alternaban en el poder se ha truncado. Nuevas fuerzas han aparecido, u otras tradicionalmente poco representadas han experimentado un auge. Ello responde a la desconfianza respecto de los partidos clásicos y la apuesta por alternativas. La sociedad ha experimentado cambios que la han llevado a cuestionar el papel de su participación en la vida política, y a reclamar más relevancia en la toma de decisiones. El discurso convencional en la política sin duda se ha visto alterado de forma irreversible. A pesar de los factores positivos como las demandas de mayor participación ciudadana, o la inquietud por tratar temas hasta ahora ocultos bajo el discurso político clásico, el balance también implica aspectos negativos. Formas de discurso que también rompen con lo establecido surgen pero con un objetivo diametralmente opuesto que pretende erosionar los valores democráticos. Es el caso del mensaje de los partidos políticos de perfil extremista que han surgido al paso de estos cambios. Su discurso se articula en una crítica a las estructuras democráticas tradicionales, a las que acusa de corruptas y de haber trabajado en pro de los intereses de los partidos antes que del ciudadano. Argumentarios de corte populista que, sin entrar a analizar la complejidad de la situación actual, solamente otorgan respuestas fáciles a una ciudadanía que reclama soluciones. La veracidad queda relegada a un segundo plano. Sus formas pueden aparentar defender el interés de la mayoría, cosa que fácilmente les permite llegar a todas las clases sociales. Favoreciendo de este modo la construcción de un sentimiento unitario de pueblo. Un discurso que identifique a un nosotros, como pueblo, indivisible y unido, frente a un ellos como los causantes de todos nuestros males. No obstante, tras sus palabras se esconde una estructura mucho más compleja, con elementos que promueven un ideario reaccionario y totalitario. Dado que ese ellos no es otro que todo aquel que no entre en el marco normativo de su reaccionaria moral y su ultraliberalismo económico.

El argumentario radical ataca todo aquello que constituye la base de las actuales democracias: los pilares del Estado del Bienestar, y el Estado de Derecho fundamentado en la libertad.

Un análisis formal de dichos discursos debe diferenciar tres momentos clave: el schok o reconocer el caos, la identificación del culpable, y la asimilación del discurso total. El populismo transmite una sensación de catastrofismo con el que representa a las democracias. En su visión caótica acusan a los partidos convencionales de no gobernar según el interés general, y señalan a la democracia como el mecanismo que les permitió hacerse con el poder. Así consideran que las instituciones democráticas son parte del problema, y que su existencia sólo favorece a los partidos tradicionales y a sus socios. Para los radicales, la propia democracia en sí es el un problema. Por ello dan al ciudadano una visión caótica de la realidad, que señala al culpable, la democracia. Aunque su crítica no es directa, y ataca sus pilares sin ir contra ella frontalmente. Es aquí cunado entramos en el segundo momento del discurso, identificar al culpable. Las pensiones, las ayudas sociales, y el entramado de servicios públicos en general son presentados como pozos sin fondo de dinero del contribuyente. Así como también critican las instituciones democráticas a través del argumento de la sobredimensión de la administración. Todos ellos, elementos a abatir por su ideario económico ultraliberal. Sus dardos se dirigen también contra sujetos sociales como: el feminismo, el colectivo LGTBIQ, la población inmigrante, o los sindicatos, al no cumplir con sus estándares morales. Todo aquello que represente más democracia, más igualdad, más servicios públicos, o más calidad de vida significa para ellos un viejo mundo de derroche innecesario. Siempre sustentado por los partidos gobernantes hasta el momento, con intereses puestos en ello. El discurso consta ya de problema, causa, y culpable. Es aquí cuando el discurso ofrece respuestas para todo. Su mensaje acontece un discurso total que sirve para justificar cualquier medida por inmoral que sea, siempre y cuando combata los males que ellos señalan. Recortar en calidad democrática, servicios públicos, o limitar derechos básicos son propuestas que adoptan un perfil pragmático frente al problema. La solución deja de medirse en patrones de moralidad o ética, para asumirse como imprescindible ante tal caos. Es en esta fase, cuando el ideario de ultraderecha, que nutre a estos partidos, empieza a calar en la sociedad.

El argumentario radical ataca todo aquello que constituye la base de las actuales democracias: los pilares del Estado del Bienestar, y el Estado de Derecho fundamentado en la libertad. Desde la Segunda Guerra Mundial, la clase media se ha alzado como la clase predominante, al abrigo del Estado Social. La sociedad europea goza de unas tasas de igualdad y desarrollo como nunca antes se habían visto. El gran peso de las políticas que han permitido esto se debe principalmente a partidos de corte de socialdemócrata. Su apuesta por una Europa más justa ha impulsado durante décadas programas sociales siempre cuestionados por conversadores y liberales. Pero con la llegada de la crisis la socialdemocracia dejó de ser percibida por la sociedad como la herramienta útil que había sido hasta el momento. Se produjo el desplome de la clase media, y el grave empeoramiento de las condiciones de vida de las clases menos pudientes. Todo ello fue acompañado de medidas políticas de austeridad, aplicadas en muchos casos por partidos de centro-izquierda. Este escenario brindó la posibilidad de que el populismo se hiciera un hueco, aglutinando la decepción y descontento de la ciudadanía.

Los retos que el futuro de Europa afronta pasan desde el Brexit, a la creciente desaceleración económica que acrecenta la brecha entre clases sociales. Ante esta situación, y para detener el avance de los radicalismos, se hace necesario un discurso centrado en los hechos, que aporte soluciones. Un discurso que diste del populista centrado en las hipótesis fatalistas. La socialdemocracia está llamada a reivindicar su legado como mejor arma contra la mentira. Sin su firme compromiso con la igualdad de oportunidades, la justicia en las relaciones sociales y laborales, y el desarrollo del estado del bienestar, Europa jamás habría alcanzado las cotas de paz social y libertad en las que hoy en día vivimos. Un contexto político-social que ahora se ve amenazado.

Los y las socialdemócratas deben responder sin miedo a las falacias del populismo extremista, y para ellos basta con que se manifiesten como lo que son: partidos que han dotado de dignidad, libertad, y prosperidad al continente europeo

La defensa de la unidad en la diversidad, la justicia, y de la democracia en general debe plantar cara al pragmatismo inmoral del extremismo. Para ello hay que mitigar la decepción y el desapego ciudadano mediante políticas efectivas que reviertan las medidas de austeridad implementadas durante la crisis. Es necesario que los partidos de centro-izquierda se presenten como un mecanismo útil, capaz de escuchar al ciudadano y elevar sus reivindicaciones en medidas sociales de calado. Desde las instituciones en las que gobiernen se deben construir soluciones valientes para combatir las brechas que la actual globalización produce en muchos sectores económicos y sociales. La socialdemocracia tiene enfrente un reto muy importante para los próximos años: que la Europa progresista, democrática, y laica, no desaparezca consumida por el miedo y la mentira.

Es necesario romper con la idea de que el discurso populista, del que se abanderan los partidos de ultraderecha, puede aislarse. Las redes sociales y la hiperconectividad de la sociedad están permitiendo que su mensaje se extienda mucho más allá de los medios tradicionales. Es precisamente a través de las redes donde el discurso cobra fuerza y difícilmente es contrarrestado. Megáfonos que brindan la oportunidad de difundir un relato sobre la realidad totalmente tergiversado. Enfrentar su discurso en espacios públicos de debate es lo que permite que quienes defendemos desde la socialdemocracia un proyecto más inclusivo, y más democrático podamos exponer la vacuidad de sus argumentos. Es cara a cara frente a ellos y ante la sociedad donde sin miedo debemos reivindicar nuestros esfuerzos. Para poder mostrar con hechos el trabajo realizado durante años en pro de una Europa más social, y poder combatir un discurso que sólo divide y fomenta el odio. Los y las socialdemócratas deben responder sin miedo a las falacias del populismo extremista, y para ellos basta con que se manifiesten como lo que son: partidos que han dotado de dignidad, libertad, y prosperidad al continente europeo, y lo van a seguir haciendo.

Jesús Granado es investigador en filosofía y militante socialista de Palma.

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Col·laboració amb la Fundació Rafael Campalans

El vicepresident de la Fundació Gabriel Alomar, Cosme Bonet, s’ha reunit amb el president de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, i la directora de la Fundació, Esther Niubó, per compartir experiències i estudiar vies de col·laboració entre ambdues fundacions.

Aquesta primera trobada és el punt de partida per concretar diverses mesures amb l’objectiu de treballar conjuntament per difondre el pensament socialista democràtic, la seva història i desenvolupar activitats encaminades a la dinamització de idees, reflexions i propostes de la visió progressista.

D’aquesta manera, Bonet ha incidit que “la Fundació Gabriel Alomar vol impulsar la fundació mitjançant línies de treball similars a la Fundació Rafael Campalans que fa anys que treballa amb l’organització de jornades i la creació d’informes i estudis de formació”. A més, ha destacat que “aquesta és una de les primeres reunions que volem tenir amb altres fundacions de l’òrbita socialista”.

La Fundació Centre d’Estudis Socials i Desenvolupament Gabriel Alomar nasqué l’any 2006 amb l’objectiu prioritari de fomentar el coneixement i la difusió del pensament socialista. Pretén generar un espai de diàleg i de reflexió, un marc on les persones de pensament progressista puguin compartir les seves aportacions. Un mitjà per impulsar un debat actiu per tal de donar respostes innovadores als reptes que planteja la societat balear d’avui.

La Fundació Gabriel Campalans es va constituir el 1979 i té com a objectiu principal la difusió del pensament socialista democràtic. Desenvolupa la seva feina al voltant de cinc grans eixos: impulsar la reflexió entorn al federalisme; seguir l’evolució del debat sobre la socialdemocràcia; elaborar estudis sobre polítiques de benestar; oferir idees per tal d’avançar en la construcció europea; i avaluar i elaborar propostes d’implementació de polítiques d’immigració.

La Fundació Gabriel Alomar vol impulsar la fundació mitjançant línies de treball similars a la Fundació Rafael Campalans que fa anys que treballa amb l’organització de jornades i la creació d’informes i estudis de formació

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